La calificación, el primero de los juicios que marca el futuro del Betis.

El horizonte judicial del Betis marca varias fechas en su calendario. Antes de que la Audiencia decida sobre la instrucción y medidas Alaya en lo penal, de la vista sobre la propiedad de las acciones de final de este mes y de la acción social de responsabilidad que tendrá recorrido a partir de 2017, mañana se celebra el juicio sobre la calificación del concurso de acreedores del Betis. En él se evalúa la gestión de los directivos de la entidad desde el 13 de enero de 2009 a la misma fecha de 2011, ya que se sospecha que pudo agravar la situación del club para entrar en concurso con una deuda de más de 90 millones y que hoy está en algo menos de 17.Dieciséis exconsejeros del Betis y la sociedad Farusa son los afectados por esta causa que tanto la administración concursal (formada por Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona) y la Fiscalía de Sevilla han considerado dolosa o culpable y han solicitado penas de hasta 29,5 millones de euros de manera solidaria entre algunos consejeros y quince años de inhabilitación para los casos de mayor responsabilidad, principalmente José León, Manuel Ruiz de Lopera, Luis Oliver, Manuel Castaño, Jaime Rodríguez-Sacristán y Ángel Vergara. Este juicio ha sido aplazado ya en dos ocasiones (julio de 2014 y enero de 2015) por bajas por maternidad y el magistrado Eduardo Gómez López, titular del Mercantil 1, ha desestimado las más recientes solicitudes de suspensión para evitar el colapso de su juzgado en una vista que necesita una sala especial y que concita expectación mediática.

Interviene Gay de Liébana El guión establecido, que puede modificarse, señala que el primer día de juicio declararán los peritos, con intervención esperada del economista José María Gay de Liébana para defender la posición de la administración concursal y con informes también de las defensas de Lopera y Oliver; el jueves intervendrían los afectados, es decir, los dieciséis consejeros y Farusa; y el viernes, los testigos. Para los días 12 y 13 de marzo están previstas las conclusiones. Gay de Liébana señalaba ayer a ABC que «no voy a enjuiciar nada. Estaré para explicar mi punto de vista económico sobre el informe. El resto lo harán los administradores concursales. Lo que no puedo es adelantar nada del informe». Gay de Liébana, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, es conocido por su presencia mediática así como por sus informes sobre el estado económico del fútbol español.

El informe de la administración concursal señala penas muy duras en función de la responsabilidad y permanencia en los cargos en esta etapa. Los principales afectados son José León (quince años de inhabilitación y 29.515.375,84 millones de euros), Manuel Ruiz de Lopera y Farusa (también quince años y 23.069.385,51 euros). En un segundo escalón, Ángel Vergara, Luis Oliver, Manuel Castaño y Jaime Rodríguez-Sacristán (diez años y 6.445.990,33 euros cada uno). Luego, ocho años de inhabilitación y sin reintegración económica paraFrancisco Nuchera, Eduardo Peña, Juan Carlos Roldán, Luis Rementería y Joaquín Zulategui. En el caso de Rufino González, Luis Navarro, Antonio Álvarez, José María Blanco y Ángel Martín, cinco años. Dos consejeros de esos años se libraron de cargos: Diego García León y Gregorio Conejo. Todas las cantidades económicas tienen carácter solidario en función de los tiempos en los que ocuparon cargos de relevancia los afectados. De esta manera, 23.069.385,51 millones se remiten a la etapa del 13 de enero de 2009 al 7 de julio de 2010 y se harían cargo de manera solidaria Lopera, Farusa y León. Mientras, 6.445.990,33 deberían ser abonados solidariamente por León, Castaño, Rodríguez-Sacristán, Oliver y Vergara. La solidaridad se refiere a que cada euro que uno abone no lo tiene que pagar otro. Al Betis, pues, se le llegaría a reintegrar como máximo 29.155.375,84 euros. La Fiscalía de Sevilla avala la culpabilidad del concurso y casi por completo el informe de la administración concursal, aunque modifica a la baja algunas penas, como las de León, Oliver y Vergara, y las aumenta para Rufino González, Antonio Álvarez o José María Blanco.

El motivo por el cual los afectados han aplazado el juicio en ocasiones anteriores y lo han intentado de nuevo, algo que no está descartado que se produzca a última hora por los intentos que siguen sucediéndose, se enmarca en el deseo de que esta causa no se juzgue antes de que la Audiencia se pronuncie sobre la instrucción de Alaya en el caso sobre el presunto delito societario continuado y apropiación indebida de Lopera en el Betis, ya que si levanta las medidas cautelares el gobierno del Betis, perjudicado, podría variar los planteamientos. Si se confirman las penas que se piden las inhabilitaciones condicionarían el futuro en el Betis de muchos de los afectados, principalmente de aquellos como Lopera, Castaño u Oliver, que han señalado su intención de regresar a la entidad.